El actual portavoz de Sanidad del PP en Cantabria, que en 2015 blindó a la compañía de penalizaciones por posibles incumplimientos en Valdecilla durante dos años con una controvertida resolución, firmó en 2017 otra adjudicación de 3,2 millones para la empresa de la familia del Pino, que meses después, en abril de 2018, contrató a su hijo. Pascual fue imputado entonces por supuesta prevaricación en otro concurso que benefició a Ferrovial, y esta acabó renunciando a esa nueva adjudicación firmada por el hoy diputado.
