Iñigo Urkullu tomó posesión de la presidencia del Gobierno vasco el 5 de septiembre. En su tercera legislatura, han bastado apenas dos meses de decisiones para marcar la pauta de un Ejecutivo que destaca por hacer uso constante de su mayoría absoluta gracias a la coalición con el PSE, que le permite cerrar filas en todos los asuntos y decisiones.

La coordinadora general de Podemos Ahal Dugu, Pilar Garrido, ha denunciado que un año después del derrumbe del vertedero de Zaldibar, que sepultó a dos trabajadores, el Gobierno Vasco sigue "sin asumir su responsabilidad política por este desastre". En un comunicado, ha criticado además que lo único que ha hecho el Ejecutivo es "escurrir el bulto y volcar toda la responsabilidad en la empresa Verter Recycling, a pesar de que la UE investiga al Ejecutivo por su nefasta gestión".

Tras la catástrofe, la empresa exigió a la Mancomunidad de Debabarrena la devolución de una fianza depositada como garantía de un contrato que no podía cumplir desde febrero del 2020. La gestora del vertedero había recibido cientos de miles de euros en contratos públicos de esta entidad pública. Otra de las entidades públicas que adjudicó contratos a Verter Recycling era la Mancomunidad de Debabarrena, entonces presidida por Arcadio Benítez, un exedil del PSE del Ayuntamiento de Eibar.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Durango dictamina que el informe de los geólogos de Lurtek Consultores remitidos al Gobierno Vasco fue modificado hasta en tres ocasiones, siempre al alza, para negar los efectos negativos de la explotación del vertedero por parte de la empresa, quien alcanzó un beneficio neto de 3,8 millones dos meses antes del derrumbe.