El sistema de financiación irregular del que se nutrió el Partido Popular durante al menos 18 años aparece desde este miércoles en una sentencia firme dictada por el Tribunal Supremo. Se trata del segundo fallo que recoge la existencia de una 'caja B' en la formación conservadora después de que la Audiencia Nacional aludiera a esa contabilidad paralela en la condena que propició la moción de censura de 2018 y que ahora el Alto Tribunal ha ratificado en todos sus aspectos principales.

“El PP es mucho más que diez o quince casos aislados". La frase la pronunció la mañana del 24 de mayo de 2018 el entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy. Todavía no había trascendido —lo haría horas después— la primera gran sentencia del caso Gürtel, que acabó con su carrera política tras salir adelante la moción de censura de Pedro Sánchez. Pero la formación conservadora llevaba tiempo acorralada por una catarata de casos de corrupción que se siguen sustanciando en los tribunales.

La formación de Rocío Monasterio, que no había sustituido todavía al dimitido Ruiz Bartolomé, registró en una iniciativa más votos que diputados presentes.

Así lo asegura un informe del Consello de Contas de Galicia que alerta, además, de que entidades, que durante los mandatos de Alberto Núñez Feijóo en Galicia (2009-2022) llegaron a gestionar más del 15% del presupuesto autonómico, usaron los contratos menores de manera irregular. El Consello de Contas de Galicia alerta de que el 46% de los expedientes de licitación abierta de ese año incluyeron criterios de adjudicación susceptibles de anulación y que la mitad de esos entes usó los contratos menores de forma irregular.

El Ministerio Público considera que el Partido Popular "incrementó su presupuesto para las campañas mediante dinero obtenido de forma irregular".

El Ministerio de Sanidad reconoce que no ha hecho ninguna evaluación interna sobre la gestión que ha hecho de la pandemia causada por el coronavirus. “No existen evaluaciones internas realizadas por el Ministerio de Sanidad, el CCAES o cualquier otro organismo dependiente del ministerio sobre la gestión de la pandemia por el coronavirus”, así de contundente responde el ministerio de Carolina Darias a una solicitud de información de Maldita.es.

La Comunidad de Madrid efectuó un desembolso de al menos 1.390 millones de € a hospitales públicos de gestión privada, a lo largo de 6 meses de 2022, para saldar parte de una deuda que comenzó a acumular en 2015. Así lo ha publicado El País este miércoles, tras tener acceso a la documentación pertinente. El grupo Quirónsalud, obtuvo al menos, 1.278 M. elpais.com/espana/madrid/2023-02-22/ayuso-salda-en-seis-meses-1390-mil

En Valencia se ha recuperado al artífice de las privatizaciones de Zaplana, en Extremadura se ha incorporado al Ejecutivo a directivos del sector privado y en Aragón planean impulsar la colaboración público-privada. La conformación de los Ejecutivos de la Comunitat Valenciana, Extremadura y Aragón han supuesto que PP y Vox den sus primeros pasos que comienzan a dar pistas del camino que llevará la gestión de la sanidad pública. Nombramientos, acciones, acuerdos y declaraciones apuntan en una misma dirección: apertura a la gestión privada.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid teme que la nueva ley que ha impulsado la ministra de Sanidad, Mónica García, de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud liquide un modelo «consolidado» que «viene funcionando de una manera eficaz y eficiente». Para el Ejecutivo de Ayuso, los «principales perjudicados» de esta nueva legislación van a ser los pacientes y ha mostrado su «estupor» porque se haya puesto en marcha sin consultar ni consensuar con las comunidades autónomas, que son las encargadas de la gestión sanitaria

“Gestionamos de puta madre”. Así presumía el imputado Alfonso Rus en los mítines del PP de la gestión que hacían él y su partido durante la época de bonanza económica. Pero con la crisis económica que estalló en 2008, la cacareada gestión reventó por las costuras y siete años después, en 2015, el Ayuntamiento presidido por Roger Cerdà (PSPV) recibía una 'herencia' envenenada que todavía se está pagando.

Es su último comunicado, el de esta semana, pero muestran una vez más su desesperación por la mala gestión de los incendios desde el Gobierno de PP y Vox en Castilla y León. Son los bomberos forestales y la asociación que les representa quien pide ya la solidaridad y la implicación de toda la ciudadanía para decir "nunca más".