"Esta izquierda constitucionalista que ya no la conoce ni la madre que la parió, esta izquierda constitucionalista que está a punto de ser eliminada de la faz del Partido Socialista Obrero Español debe unirse a nosotros para decir, oye si quieres hacer esto -la amnistía- en contra de las urnas, convoca las urnas y vamos a votar otra vez", ha señalado.

El Gobierno no ceja en su presión sobre el PP para que levante el veto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. “Exijo nuevamente al principal partido de la oposición que cumpla con su responsabilidad constitucional. La insumisión constitucional en la que está instalado el PP es lo contrario a la responsabilidad de Estado”

Lo que comenzó como una advertencia se ha convertido en un veto personal. El líder del PP, Pablo Casado, no quiere que el ex ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, sea uno de los dos candidatos que le corresponden al PSOE para renovar el Tribunal Constitucional, y así se lo ha hecho saber el jefe de la oposición a su número dos, Teodoro García Egea, encargado de la interlocución con Félix Bolaños, su homólogo en la negociación para el desbloqueo de los órganos constitucionales por la parte del Gobierno.

El Constitucional se prepara para bloquear la intención del Gobierno de nombrar a dos de los magistrados del alto tribunal sin esperar a que el Consejo General del Poder Judicial pueda escoger a los dos que le corresponde designar en la próxima renovación del máximo intérprete de la Carta Magna. El 12 de junio expira el mandato de cuatro de los 12 miembros del Constitucional, cuya renovación corresponde al Ejecutivo (dos) y al órgano de gobierno de los jueces (otros dos). Impedir esta renovación prorrogaría la mayoría conservadora.

Nuevo frente contra el Gobierno de Pedro Sánchez: la Comunidad de Madrid ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el servicio estatal de captación de familias interesadas en acoger a menores tutelados. Es una nueva batalla ante los jueces que se une a las que ya mantiene por el plan hidrológico del Tajo, la Ley de Vivienda, el reparto de ayudas europeas o los ingresos a cuenta de 2019, entre otros.

El reloj hacia las elecciones catalanas está en marcha y avanza. Si los plazos se cumplen, el Parlament quedará disuelto el 21 de diciembre y los comicios se celebrarán el 14 de febrero. Pese a la fecha, la lista constitucionalista que pretende aglutinar a Ciudadanos, PP y otros actores de la política y la sociedad no vive precisamente un momento de enamoramiento. Más bien lo contrario. Las tensiones no han dejado de crecer ante la nueva realidad política: los populares se han crecido frente al partido naranja.

Vox advierte que no permitirá al "Gobierno de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Arnaldo Otegi" que "implanten su nuevo régimen totalitario" y acusa al Ejecutivo de coalición, "entregado al separatismo y a los sucesores de ETA", de buscar "destruir la Corona, símbolo de la unidad y permanencia de España, y nuestro sistema constitucional".

El Tribunal Constitucional frenará un decreto ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda aprobado en diciembre de 2019 por la Generalitat de Cataluña, que obligaba a grandes tenedores a ofrecer alquiler social a las personas vulnerables que ocuparan sin título una vivienda que llevara dos años vacía sin justificación y que abría el marco jurídico de la limitación de los precios del alquiler aprobada luego también por decreto durante la pandemia el pasado 2020.

La izquierda española debería imitar a la derecha y actuar "sin complejos", aprovechar la ocasión que le proporciona la desvergonzada conducta del PP para impedir la renovación del CGPJ. Sería el momento de aprobar una Ley Orgánica de renovación de los órganos constitucionales, en la que se estableciera como Artículo Único: "Los Magistrados del Tribunal Constitucional, los miembros del Consejo General del Poder Judicial y el Defensor del Pueblo cesan el mismo día en que termina su mandato."

El Tribunal Constitucional (TC) alemán ha reclazado los recursos presentados contra el Fondo de Reconstrucción Europea, con lo que da luz verde para que Alemania lo ratifique. La demanda por el procedimiento de urgencia fue impulsada por un grupo de economistas, cuya cabeza más visible es el político Bernd Lucke, exlíder de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AFD). Lucke fundó esa formación en 2013, entonces como partido eminentemente euroescéptico.

El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Pedro González-Trevijano, ponente del recurso interpuesto por Vox contra el primer estado de alarma activado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, ha propuesto a la corte declarar inconstitucional el decreto y sus prórrogas que mantuvieron confinados en sus domicilios a los españoles a partir del 14 de marzo de 2020.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 6.2 de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, conocida como Ley Municipal, al considerar que dota al euskera de una "supremacía exorbitante" respecto al castellano, por lo que ha solicitado que el Tribunal Constitucional determine si dicho artículo vulnera el "equilibrio" que, según la carta magna, ha de garantizarse entre las lenguas cooficiales del Estado.

La sentencia del Tribunal Constitucional polaco desafía la arquitectura comunitaria y lleva al conflicto entre Bruselas y Varsovia a un callejón con pocas salidas.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, se han emplazado a seguir hablando para alcanzar un acuerdo que permita la renovación de los órganos constituciones, han informado fuentes gubernamentales. Bolaños y García Egea se han reunido esta misma tarde, después de que el presidente del PP, Pablo Casado, haya propuesto al presidente el Gobierno, Pedro Sánchez, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso renovar los órganos constitucionales salvo el Consejo General del Poder Judicial

Uno de los candidatos que propone el Partido Popular a magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Enrique Arnaldo, fue socio en 2009 de uno de los testaferros del exministro Eduardo Zaplana, el uruguayo Fernando Belhot.

Uno de los candidatos que propone el Partido Popular a magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Enrique Arnaldo, fue socio en 2009 de uno de los testaferros del exministro Eduardo Zaplana, el uruguayo Fernando Belhot.

El Tribunal Constitucional lo aclara en su sentencia dada a conocer en su integridad este miércoles: no se podrá reclamar la devolución del impuesto de plusvalía anterior al 26 de octubre de 2021, fecha en la que el tribunal determinó la inconstitucionalidad del sistema de cálculo del citado impuesto municipal.