"La inhabilitación para el sufragio pasivo no hace perder al diputado el cargo. Únicamente le impediría presentarse a unas elecciones durante el tiempo de la condena".

Refiere que basta con analizar la estadística para comprobar que la corrupción afecta a todos los territorios autonómicos en los que constan políticos condenados, en prisión provisional o encausados, entre ellos presidentes autonómicos, presidentes de diputaciones, alcaldes y concejales de las principales ciudades de España.

Esta lamentable situación también se explica en parte por una ciudadanía que ha sido poco exigente con las maniobras de control del sistema judicial. La tónica general ha sido que las injerencias son positivas si las perpetra el partido al que se respalda (siempre habrá alguna justificación comprensiva), pero negativas si las lleva a cabo la formación contraria. Las mejoras estructurales que nos acerquen a las prácticas europeas no vendrán voluntariamente de los partidos. Solo se producirán a través de la presión ciudadana. Algo difícil.

Ni en Nápoles ni en Sicilia. Expulsar a los corruptos de las instituciones sería como poder respirar aire puro tras vivir largo tiempo en una zona altamente contaminada.

Hubo muchos dirigentes franquistas canarios que posteriormente se incorporaron a fuerzas políticas de la democracia y era inevitable que una dictadura que duró casi 40 años, que generalizó la corrupción en todos sus rincones, después no tuviera efectos muy negativos para la integridad de las instituciones democráticas”. Así resume el magistrado Joaquim Bosch parte de la historia de la corrupción en España en su nuevo libro, donde también aborda casos ocurridos en el Archipiélago, como el Dimas Martín, que en 2003 fue votado como presidente del

Sobre la llamada "Oficina del Español de Madrid", la Constitución establece que el nombre oficial es