Si hay algo que demuestran los estudios es que solo las regulaciones del alquiler rigurosas y sin fisuras son capaces de limitar los precios y reducir las desigualdades. Ya apuntaba a esto Piketty, en Capital e Ideología, y lo confirma el artículo reciente de Kholodilin y Kohl. Así era, por ejemplo, la ley catalana que estuvo vigente entre 2020 y 2022, y por eso logró bajar los precios entre un 4 y un 6% en los municipios regulados, cosa que no sucedió en los no regulados. En cambio, cuando hay resquicios en la ley, el mercado los identifica mu

Reyes Maroto, ha visitado a las personas afectadas por la compra del edificio de Tribulete, 7 por el fondo de inversión Elix Rental Housing: «el modelo de chanchullo especulativo que se ha instalado en Madrid hay que denunciarlo y hay que pararlo”, ha denunciado, señalando que, para hacerlo, «hay que aplicar la Ley de Vivienda». Por lo tanto ha instado al Ayuntamiento y a la Comunidad a que «dejen de incumplir esta ley que garantiza el derecho a la vivienda de todas las personas y que evita que se expulse a las familias de sus hogares».

Los equipos técnicos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y de la Vicepresidencia de Derechos Sociales ya han mantenido encuentros esta semana para abordar la nueva ley de vivienda. El objetivo es que la norma pueda llevarse al Consejo de Ministros en marzo.

Ha habido 211.282 desahucios desde que gobierna. Presentemos una Ley de Vivienda que iba a paralizar los desahucios. En diciembre de 2021 el PSOE votó en contra de esta ley. Si hubiera votado a favor, la ley se hubiera aprobado. Solo faltaron los votos del PSOE para que hubiera mayoría parlamentaria. Javier Gil - Investigador postdoctoral vivienda y financiarización. Defender el derecho a la vivienda con @InquilinatoMad

La ley, no obstante, les permite elevar la cuota hasta un 10% si llevan a cabo actuaciones de mejora o rehabilitación de la vivienda. Pero la norma no deja a la libre interpretación del dueño lo que es una obra de mejora, sino que establece unos requisitos exigentes, entre ellos, que el coste total de la rehabilitación supere el 25% del valor del piso.

La dinámica se repite en varias comunidades autónomas gobernadas por el PP. Amparándose en la ley de vivienda aprobada la pasada primavera, municipios gestionados por la izquierda solicitan a sus respectivos Ejecutivos autonómicos la declaración de zona tensionada de parte o la totalidad de sus ciudades, una condición imprescindible para poder controlar los galopantes encarecimientos de los precios de los alquileres. Pero sistemáticamente esos gobiernos en manos del PP –que junto a varias de sus comunidades ha recurrido la normativa ante el Tri

El PSOE y sus socios de Gobierno siguen perfilando la Ley por el Derecho a la Vivienda -ya en fase de ponencia en el Congreso de los Diputados- con la intención de aprobarla en las próximas semanas. Una de las últimas medidas que se está debatiendo es la de prohibir a las agencias inmobiliarias que cobren honorarios a los inquilinos por el servicio de gestión de alquiler. En su lugar, quieren que sean los propietarios los que asuman ese coste.