La Comunidad de Madrid ha publicado este jueves la orden que regula los nuevos precios del módulo de vivienda protegida en la región, precios que no se actualizaban desde 2008. Así, los nuevos módulos se sitúan “por metro cuadrado de superficie útil, tanto para venta como para alquiler”, en valores que varían entre los 1.900 euros y los 2.820 euros, en función del municipio donde se quiera levantar el inmueble y el tipo de protección que tenga: básica o limitada. Esto supone que la vivienda protegida costará ahora, de media, un 56% más.

La vivienda de protección oficial (VPO) de alquiler en España se halla en una década perdida: las estadísticas apenas recuerdan menos construcción de pisos sociales. Pero esos bajos niveles no han impedido grandes diferencias por territorios, como que en la Comunidad de Madrid se hayan construido casi tres veces más vivienda con esa calificación que en Cataluña desde 2014, pese a que ambas autonomías cuentan con un peso de población similar.

El acceso a la vivienda en España presenta todas las modalidades de exclusión residencial contenidas en la Tabla ETHOS –European Typology on Homelessness and housing exclusion–: personas sin hogar –houseless–, personas sintecho –roofless–, vivienda inadecuada –vivienda cuya edificación es inestable y sobreocupación de vivienda, principalmente– y vivienda insegura –precario, subarrendamiento inconsentido, ocupación ilegal y personas en riesgo de lanzamiento de su vivienda habitual, entre otros supuestos–. Con todos los ingredientes en el horno,

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a basar la salida de la crisis y la recuperación de la región, en la desregulación del ladrillo y la supresión de las licencias urbanísticas, para construir en suelo protegido, todo ello englobado en lo que ha definido como una ‘línea abierta contra la hiperregulación’, una idea que ya presento el consejero de Hacienda, Javier Lasquetty, el pasado diciembre.

El Plan de Vivienda de Alquiler Asequible propone promover desde el Estado 100.000 pisos, de los cuales 50.000 serían parque público de vivienda que se quiere construir, a largo plazo, mientras que la otra mitad serán de colaboración público-privada, e incluirían las 15.000 viviendas ya comprometidas por el Sareb a las comunidades autónomas, las 11.000 viviendas del fondo social bancario y las otras 30.000 que están negociándose con fondos y grandes tenedores para que las saquen al mercado a un "precio social",

Tope a los alquileres, impuestos a viviendas vacías, cesiones obligatorias para los grandes tenedores, multas por acoso inmobiliario... Estas son algunas de las iniciativas puestas en marcha por ayuntamientos y comunidades en los últimos años.En lel 28M hay mucho en juego, entre otras cosas la aplicación de la Ley de Vivienda. La declaración de áreas tensionadas, la aplicación de topes al incremento de los precios de los alquileres o la redefinición de grandes tenedores. Otras medidas que habilita la Ley dependen de los Ayuntamientos.

Sumar propone que la declaración de zonas tensionadas sea obligatoria si se cumplen los criterios, una forma de saltarse las limitaciones de la Ley de Vivienda, que la hacen inaplicable tras los resultados del 28M. Estas son las propuestas de vivienda de los cuatro grandes partidos. El PP pretende solucionar el problema de la vivienda a través de la movilización de suelo público “con destino a fórmulas de promoción de vivienda en alquiler asequible”, es decir, pelotazos urbanísticos con suelo público y, a partir de ahora, blindados por ley.

"Me dirijo a todos los españoles propietarios y propietarias de una vivienda en alquiler: les necesitamos porque hoy el parque de vivienda en alquiler en su mayor parte pertenece a propietarios particulares, y a ellos me dirijo para decirles que el Gobierno y el Ministerio de Vivienda van a trabajar en aportar certeza, seguridad jurídica y garantías para que también desde la iniciativa privada, desde los particulares, puedan poner más vivienda a disposición del alquiler asequible", ha asegurado Rodríguez en la comparecencia ante los medios.

El último dato oficial se encuentra en el Censo de Población y Viviendas 2011 que el Instituto Nacional de Estadística (INE) hizo público en 2013. En aquel momento, el número de viviendas vacías en España alcanzó los 3,4 millones de unidades, lo que suponía un incremento del 10,8% frente a 2001, en el anterior censo

La Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves una proposición no de ley (PNL) presentada por Unidas Podemos con el objetivo de ampliar el parque público de viviendas en alquiler. En el debate, la formación política morada ha defendido la necesidad de llevar a cabo cambios estructurales que permitan que el derecho a la vivienda se convierta una realidad en todo el territorio español.

Desde que en el 12 de junio del 1913 cuando el Rey Alfonso XIII, familia de los actuales monarcas, decretó la Ley de las Casas Baratas y el paréntesis de la guerra civil, pero sobre todo desde el 1959 con la famosa frase del ministro franquista José Luís Arrese de “no queremos una España de proletarios sino de propietarios” se generaron – en medio siglo- más de 15 Planes Nacionales de Vivienda hasta nuestros días con José Luís Ábalos, Ministro de Fomento del PSOE, copia política de la derecha social-liberal y moderada europea.

Unidas Podemos desafía a su socio de Gobierno. La formación morada y otros ocho partidos, entre ellos ERC, Bildu y Más País, han registrado este jueves en el Congreso de los Diputados una proposición de Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda al margen del PSOE. La propuesta está impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Sindicato de Inquilinas o el Movimiento Nadie sin hogar y cuenta con el respaldo de los sindicatos CCOO, UGT, y CGT.

La nueva ley de vivienda supone una “clara limitación” de las competencias que ejercen las autonomías en esta materia. Esta es la conclusión a la que han llegado los dos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), José Antonio Ballesteros (propuesto por el PP) y Enrique Lucas (por el PNV), a los que el pleno encargó redactar un nuevo informe sobre el anteproyecto de ley por el derecho a la vivienda después de que el pleno votara en contra del texto que había preparado el vocal progresista Álvaro Cuesta, que respaldaba el contenido...

El Gobierno ha contratado a Blackstone y KKR para vender los bienes del banco malo, propiedad del Estado, que se están gestionando con opacidad. Esta contratación demuestra la falta de coherencia en la política de vivienda del Partido Socialista. En el anteproyecto de Ley de Vivienda se expone la necesidad de incrementar el parque público de vivienda y se prohíbe su venta. Sin embargo, al mismo tiempo que el Gobierno declara solemnemente estos objetivos, su Ministerio de Economía está vendiendo las viviendas de Sareb por la puerta de atrás.

Unidas Podemos ha exigido a la presidenta del Govern, Francina Armengol, poner las 70.000 viviendas vacías a disposición de los ciudadanos de Baleares. Otra de las medidas que desde Unidas Podemos han propuesto para hacer frente al alza del precio de la vivienda es que cada unidad familiar no tenga que destinar "más del 30% de su salario para pagar la hipoteca". "Es un objetivo muy ambicioso, pero somos de los que pensamos que con las 70.000 viviendas vacías se deberían buscar fórmulas para poner a disposición de la ciudadanía para poder vivir

En el acto de presentación de las líneas principales del del programa que presenta la formación regionalista, Catalán declaró que “somos partidarios de derogar la Ley de Memoria Democrática aprobada con el pacto entre Bildu y el Partido Socialista”. Y en materia de vivienda, defendió la derogación de la Ley de Vivienda, fundamentalmente porque “no dota ninguna medida para la ocupación ilegal de la vivienda, no hace un reconocimiento claro de la propiedad privada”, y porque “invade competencias de Navarra”.

Según la delegada de Turismo, el tope a los precios de la vivienda tradicional establecido por la ley es responsable de que muchos propietarios estén destinando sus viviendas al uso turístico. "Ese boom que se está produciendo en toda España, no solo en Madrid,[...], se está produciendo por esa ley de vivienda, que es la que más ha favorecido a las viviendas de uso turístico y eso está provocado por el Gobierno socialista". Ni en la capital ni en toda la región madrileña se aplica esta legislación aprobada por el Ejecutivo central.

El gobierno actualiza el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 hasta el año 2022 incluido. Así lo anunció la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, el pasado 9 de Diciembre. También incluye fomento del alquiler y la rehabilitación como asuntos prioritarios. Entre las ayudas se incluye una destinada a los jóvenes (menores de 35 años) que quieran adquirir su vivienda en municipio y núcleos de población de menos de 5.000 habitantes.