El Gobierno español no va a esperar al G20 y a la OCDE, y aprobará mañana martes la 'tasa Google' en el Consejo de Ministros, según informa El País. Las medidas del Ejecutivo también incluyen la aprobación de la 'tasa Tobin', un impuesto a las transacciones financieras. El final del camino se acerca, pero eso no significa que el impuesto a las tecnológicas tenga fácil funcionar y seguir adelante.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad mantenía desde 2016 un Memorando de Entendimiento (MoU) con Huawei con el propósito de impulsar la ciberseguridad en el país. Este 2020 tocaba renovarlo y quizá concretarlo, pero el Gobierno ha decidido, por el momento, congelarlo, según fuentes consultadas por el diario La Información.

El secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez, ha asegurado este miércoles durante la presentación del informe de cobertura que, con los proyectos de extensión de banda ancha en curso, el 92,7% de la población tendrá conexión de 100 Mbps en 2023. Esto supondría que 43,7 millones de personas tendrían acceso a banda ancha a esta velocidad, en la línea con el objetivo del Gobierno de que el 100% de los españoles disfruten de esta tecnología para 2025, vital para la digitalización.

El Gobierno pondrá en marcha un Observatorio Social de los Algoritmos que evaluará el impacto de esta tecnología en todos los aspectos de la economía y la sociedad.

La Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) trabaja ya en uno de los proyectos más relevante de los últimos años, y lo hace en Burgos. En esta localidad se está desarrollando sin demasiado ruido una nube que estará a disposición de los servicios digitales de la Administración Pública, tanto del Ejecutivo como de ayuntamientos, ministerios y otros organismos. La idea con ello es depender lo menos posible de proveedores externos como Amazon o Google, dos de los gigantes de este tipo de servicios. "Tiene todo el sentido que servicios críticos se alojen

Su denuncia contra España es la segunda del año y se conoce unos días después de que un consorcio formado por ocho empresas alemanas registrase su demanda ante el CIADI (Corte Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones). En este consorcio participa la eléctrica alemana RWE, que ya había presentado por separado otra demanda.

Gracias a un Decreto Ley publicado ayer en el BOE con la nocturnidad de las elecciones, desde hoy en España la regulación sobre internet no tiene nada que envidiar a la censura de China. Con Catalunya como excusa (“excepcionalidad y urgencia”) se impone en todo el Estado la que es probablemente la norma más liberticida después de la ley de la patada en la puerta del socialista Corcuera en 1992. Gracias a la indignación que generó, aquella no prosperó.

De un lado, el Ejecutivo pretendería compensar a Atresmedia y Mediaset por la sentencia del Supremo que decretó el apagón de nueve canales de TDT, la mayoría pertenecientes a estos dos grandes grupos. También sería un intento de frenar la hostilidad por parte de cadenas como laSexta. De otro lado, hay quien da por hecho que uno de los canales recaerá en Prisa para compensar su apoyo al Gobierno desde las páginas de El País.

El BOE del jueves ha publicado la autorización, por parte del Ministro de Industria, Energia y Turismo, de la instalación de conectores Tesla para estaciones de carga ultra rápida, de potencia nominal mayor de 100 Kw, conforme con la lEC 61851-23:2014, en nuevos puntos de recarga o en la renovación de puntos de recarga existentes, hasta el 18 de noviembre de 2017.

Se publicó una convocatoria para la realización de proyectos en el ámbito de las Tecnologías Habilitadoras Digitales (THD) por parte de la Secretaría de Estado para el Avance Digital (SEAD). Las ayudas serán destinadas a diferentes proyectos, entre los que figuran las tecnologías para el tratamiento de datos masivos y bases de datos distribuídas (blockchain).

Vanguardia de los avances, paradigma de paradigmas, el despliegue del 5G, última generación de la tecnología de las comunicaciones móviles, ha iniciado su andadura conculcando principios, normas y sensateces, y arrastrando a la población a una nueva situación de riesgos y peligros hasta ahora desconocida.

Hace algunas semanas el gobierno de China comenzó una campaña para concienciar a los usuarios de Windows XP a migrar a un sistema operativo basado en Linux ya que de seguir usándolo, estarían en un riesgo severo en cuanto a la seguridad, pues bien, el día de hoy, el gobierno chino ha comenzado una campaña para concienciar y animar a los usuarios de XP a migrar lo mas pronto posible a Linux a través de la televisión, y si es una distribución hecha en casa, pues sería lo mejor.

China ha anunciado que prohibirá el uso de Windows 8 en los nuevos equipos adquiridos por el gobierno, una medida que según la agencia gubernamental Xinhua busca asegurar la seguridad de los mismos y evitar riesgos futuros como el que supuso el fin de soporte técnico de Windows XP en abril pasado (un sistema operativo obsoleto pero que todavía gobierna el 70% de los ordenadores en dicho país).

El Gobierno se replantea ahora hacer pasar por caja a Google Tras la aprobación de la nueva regulación del uso de los drones y la llamada ley mordaza, el Gobierno quiere aprobar la nueva Ley de Propiedad Intelectual

El gobierno alemán está preparando un proyecto de ley que, de aprobarse, obligará a las empresas tecnológicas a entregar el código fuente del software que vaya a ser utilizado tanto por el propio gobierno como por el resto de empresas que trabajan directamente para él.

La mayoría de la gente piensa que Tor es de algún modo hostil a EE.UU., pero de hecho continúa recibiendo la mayor parte de sus fondos de las mismas agencias militares y de inteligencia que lo crearon. En 2013 Tor recibió el 90% de su financiación del gobierno estadounidense, y la mayor parte la recibió del Pentágono. Tor es, básicamente, un contratista privado del ejército. Es un contratista privado que opera sin beneficios, pero no por eso deja de ser un contratista del gobierno. El co-fundador de Tor, Roger Dingledine, incluso describió su

La vicepresidenta advierte que la regulación "en analógico" ha quedado desfasada y que pretende hacer compatibles la libertad de expresión y los derechos al honor y a la intimidad.La intención del Gobierno es buscar una nueva regulación de la protección del derecho al honor y la intimidad en Internet. En concreto, en materia de redes sociales. Por ese motivo, el grupo del PP presentó hace unas semanas una proposición no de ley en ese sentido y la vicepresidenta del Gobierno ha insistido este jueves en el Congreso.

El Gobierno ha nombrado a la diplomática Julia Alicia Olmo y Romero nueva embajadora en Misión Especial para las Amenazas Híbridas y la Ciberseguridad, un desafío al que el Gobierno presta una atención creciente y que, de hecho, aparece por primera vez en la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en 2017. Ese documento habla de la ciberseguridad dentro de la conocida como 'guerra híbrida' y cita, en concreto, los ciberataques, las operaciones de manipulación de la información y elementos de presión económica.

Finalmente ha ocurrido. El pasado 5 de noviembre, el Gobierno en funciones publicó en el BOE el Real Decreto-ley 14/2019 del 31 de octubre que establecía que «el Gobierno, con carácter excepcional y transitorio, podrá acordar la asunción por la Administración General del Estado de la gestión directa o la intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en determinados supuestos excepcionales que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional».

El Gobierno anunció el pasado 15 de abril la contratación de un estudio sobre la movilidad de la población de cara a la lucha contra el coronavirus. Y con el anuncio llegó la sospecha de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez podría utilizar esos datos para espiar a parte de la población. En realidad, el Gobierno, por medio del ministerio de Transportes, ha recurrido a una técnica que es utilizada desde hace varios años en España tanto por administraciones como por empresas privadas.

Un nuevo mensaje que está circulando por redes sociales y, sobre todo, por WhatsApp, avisa de que el gobierno español ha instalado «secretamente» una app de COVID-19 en tu smartphone, aparentemente por recomendación del gobierno venezolano.

El Gobierno ha confirmado por medio de una respuesta parlamentaria escrita que está estudiando las posibilidades de dotar a los agentes de Policía de 'Google Glass'. Este artilugio está valorado en más de 1.000 euros cada par.

El Gobierno ha confirmado por medio de una respuesta parlamentaria escrita que está estudiando las posibilidades de dotar a los agentes de Policía de Google Glass. Este artilugio está valorado en más de 1.000 euros cada par. "Con respecto al uso de las denominadas Google Glass, las posibles utilidades operativas de este dispositivo óptico están siendo exploradas por las distintas áreas funcionales del Cuerpo Nacional de Policía, de cara al incremento de la seguridad para los agentes y mejora de la respuesta al ciudadano", dice el Ejecutivo.