Charla: Programar es un superpoder. ¿Podemos utilizarlo para obtener los datos que son públicos según las leyes pero que la Administración nos niega? ¿Podemos utilizar nuestro conocimiento de la tecnología para dar más transparencia a los asuntos públicos? ¿Podemos provocar cambios positivos aplicando la ética hacker a nuestra relación con las Administraciones Públicas? de Jaime Gómez-Obregón en T3chFest 2023

Desde hace 10 años, la Administración Central del Estado tiene un servicio online llamado 'RUN' (run.gob.es) que cumple la misma función que cualquier recortador de URLs: ofrecer direcciones web breves y fáciles de compartir. Gómez-Obregón, un hacker y activista online en pro de la administración digital y los datos abiertos ha denunciado: ¿Por qué usáis soluciones de terceros no identificados y de dudosa seguridad en lugar de emplear la propias herramientas que vosotros mismos habéis construido para esa misma finalidad con el dinero de todos.

Fátima Pérez Sastre participó en el desarrollo de esta máquina que parece sacado de un libro de ciencia ficción. A sus 22 años, Fátima, a la vuelta de su segundo año de ingeniería biomédica en Corea del Sur, empezó con unas prácticas en una start up, entró como becaria en BioDan y la contrataron en la investigación y desarrollo de una impresora en 3D que imprime piel. La bio impresora permite replicar la estructura natural de la piel, con una capa externa, la epidermis, junto a otra más profunda, la dermis. Hasta ahora se hacía de forma manual.

(o la letra) para comprobar la validez de cada NIF. Chupado, ¿verdad? Pues no. El problema es bastante más complejo. Y, algorítmicamente, muy interesante. La primera vuelta de tuerca viene cuando el funcionario aplica la imaginación a la hora de escribir el NIF en el expediente. Pero tiene fácil solución. Pero con tantísimos contratos públicos, tarde o temprano te encuentras con casos más exóticos, como estos de la imagen. Porque las herramientas informáticas de algunas administraciones...

Jurídicas Menos de un millón de euros. Ese parece ser el precio de mantener cautivo el acceso informático masivo a las sentencias de los jueces. Un mercadeo con documentos públicos que parece ser la razón tras la amenaza con que saluda el buscador oficial: