Era septiembre de 2011, apenas dos meses antes de las elecciones que auparon a Mariano Rajoy a La Moncloa, cuando PSOE y PP llegaban a un polémico acuerdo para reformar de modo ‘exprés’ el Artículo 135 de la Constitución Española. El objetivo, dotar a la Carta Magna de un principio de estabilidad financiera en un momento en que España era analizada con lupa por los mercados y se hablaba de un rescate. Ocho años después, sin embargo, está a punto de entrar en vigor un punto clave de esta normativa que impide a las administraciones públicas a inc
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Una pena que no tengamos todavía presupuestos para 2019 porque en un país como España, eliminar el déficit estructural es crítico. No hay más que ver las causas de la crisis de la década pasada.
Las empresas están consiguiendo reducir la deuda a gran velocidad, no sé por qué le cuesta al estado.