Sólo 38 de las 137 áreas de faena tienen la autorización para vender las capturas frescas. Los ecologistas denuncian la poca atención que prestan los ayuntamientos al verter sus aguas residuales al mar. La Xunta ha aprobado un plan para recuperar las zonas de marisqueo.
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Como les llegue la inspección europea (y les llegará) y, al hacer los análisis de agua, vean que no cumple las normas microbiológicas del Reglamento (CE) 853/04, se les cae el pelo a los políticos y los mariscadores perderán su sustento.