Cuando Ainhoa tenía 11 años decidió recoger firmas en su colegio para que ella no perdiera su casa. Su madre, Luz Mary Ballesteros, de 41, acababa de recibir una notificación en donde le informaban que iban a ser desahuciadas. Corría el año 2015. Su caso es tan solo uno de los 83.990 lanzamientos que se han producido en Madrid desde 2013 hasta septiembre de 2019, según el Consejo General del Poder Judicial. Ainhoa fue a su colegio y pidió a sus compañeros y profesores firmar una petición contra su desahucio. Aquello no salió como esperaba.
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Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.
En lo que igual no se cumple del todo es en lo de regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general, pues al final se hace de acuerdo al concejal de urbanismo de turno y los sobres que le vengan por debajo de la mesa.
En zonas como Madrid y Barcelona, habría que permitir más construcción para bajar los precios.
El concejal de urbanismo hace lo que le dice la cúpula de su partido que a su vez hace lo que dicen los grandes capitales y empresarios, y por eso estamos como estamos, con desahucios todos los días y cada vez más gente gastando la mayoría de su salario en tener un techo. Madrid es un ejemplo de como expandir la construcción no sirve para bajar las precios ni garantizar que la gente tenga viviendas, porque se construye sisigueindo el criterio del beneficio privado y eso lo que fomenta es construir vivivendas caras que sólo se pueden permitir unos pocos. Si al empresario le sale más rentable hacer pisos de lujo entonces eso será lo que construirá, aunque sólo se lo pueda permtiir una pequeña minoría