La lengua aragonesa, hablada todavía por unas 24.000 personas en diversos valles pirenaicos y por un millar de neohablantes en ciudades como Zaragoza y Huesca, vive pendiente de promesas aplazadas una y otra vez. Tal como indica el actual marco legal, el Estatuto de Autonomía de Aragón mandata a sus Cortes a redactar una Ley de Lenguas que regule "el régimen jurídico y los derechos de utilización" en aquellos territorios donde se hablen "las lenguas y modalidades propias de Aragón".
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