Informes publicados recientemente indican que algunas compañías aseguradoras excluyen a los mayores de ciertas indemnizaciones, los indemnizan con porcentajes inferiores a las sumas contratadas e incluso se niegan a asegurarles.
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Además, están férreamente controladas por el Estado y el Consorcio del seguro, entidad esta última, que tiene la obligación de suscribir un seguro a toda persona que lo solicite, y participada por todas las mutuas de seguros en proporción a su volumen de negocio.