El pasado 31 de octubre se aprobó un real decreto ley con el que el Gobierno buscaba, en palabras del propio Pedro Sánchez "poner punto y final al proyecto independentista de la república digital". En este sentido, la implicación más grande del texto aprobado, que entra en vigor hoy martes es que se obliga a que todos los servidores que hagan uso de ciertos datos de las administraciones públicas españoles estén localizados en territorio comunitario de la Unión Europea.
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