La Ordenanza de Movilidad de 2010 permitía a la Policía Local imponer sanciones sin parar a los conductores implicados. El Tribunal Supremo ilegalizó esta práctica en 2014 tras una denuncia del colectivo Automovilistas Europeos Asociados. Los afectados que recurrieron la decisión municipal serán los únicos que logren el reembolso de su dinero. El resto, no cobrará.
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