“Perseguiremos al Gobierno español tropecientos años si es necesario hasta que recibamos lo que se nos debe”. Es la amenaza que han hecho los fondos buitre acreedores de las nueve autopistas quebradas, que reclaman la friolera de 4.500 millones de euros (y no 2.000 como engaña Fomento) que devorarán el déficit público por unas carreteras-pelotazo inútiles y mal planteadas por la trama mal avenida de los Aznar, Cascos, Aguirre y Gallardón de turno para lucrar a sus cómplices las constructoras metiendo las manos en los bolsillos del personal.
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