El Ayuntamiento de Madrid lo tiene claro: no derogará el acuerdo que mejora las condiciones de sus empleados públicos, pese al requerimiento de anulación impulsado por la Delegación del Gobierno el pasado 26 de octubre. Este requerimiento se basa en que la medida -planteada desde hace más de diez años y que beneficiará a más de 4.000 trabajadores-, incumple el límite máximo de incremento de la masa salarial (un 1%) que establece la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017.
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