El recurso argumenta que los autos vulneran la Constitución porque el TSJC incurre un "exceso" en el ejercicio de su jurisdicción al fijar el porcentaje del 25% porque no puede determinar el contenido discrecional de los actos administrativos.También alega que vulnera la jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS) y del Constitucional (TC) que, según el Gobierno catalán, han considerado "de forma reiterada" que es la Generalitat quien debe determinar el uso de las lenguas en la enseñanza.
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