"El objetivo es que el Gobierno tenga capacidad de establecer unas condiciones básicas, de elaborar un calendario común y de fijar una horquilla de tasas. Además, que el alumno pueda elegir la lengua en la que la realiza entre las cooficiales del Estado." La norma la han calificado como "imprescindible" y el objetivo, explican, es acabar con "el actual vacío legal existente en esta materia y elaborar un procedimiento que garantice la igualdad de todos los alumnos en la realización de la prueba".
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