El 26 de noviembre de 1992 se aprobó la norma básica del actual Derecho Administrativo, conocida como la Ley 30/92 en vez del farragoso y largo título oficial que le dieron en las Cortes (Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).//El artículo 35 f) de esta Ley dice que los ciudadanos tenemos derecho a no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, o que ya se encuentren en poder de la Administración actuante.
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