El Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia por la que impone a la comunidad autónoma de Murcia el deber de indemnizar a una mujer a la que denegó la prestación sanitaria de interrupción voluntaria del embarazo con el argumento de que no había médicos dispuestos a practicar el aborto en sus centros asistenciales. Es la primera vez que el órgano de garantías considera que dicha denegación supone una vulneración de los derechos fundamentales de la mujer que pida la mencionada prestación.
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