Desde 2014 hasta 2019, el Gobierno español adjudicó al menos 660,4 millones de euros a las empresas del negocio antimigratorio a través de más de 1.677 contratos públicos, la mayoría sin concurso público. España es uno de los principales mercados de esta industria, que ha convertido la frontera sur española en un laboratorio para ensayar proyectos antimigratorios que después son exportados a otros países de la región. Empezando por el uso de la ayuda al desarrollo como mecanismo de presión, un modelo que el conjunto de la UE replicó después…
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