El Consejo General del Poder Judicial tiene una patata caliente sobre la mesa. Una juez militar, la titular del juzgado togado territorial número 12, con sede en Madrid, se ha dirigido al órgano de gobierno de los jueces para pedirle amparo ante las presiones que está sufriendo en la investigación de un caso de presunta corrupción en el Ejército del Aire. Presiones que, según la juez, “afectan gravísimamente” a su independencia. Lo más grave es que las injerencias procederían de quienes más obligados están a colaborar al éxito de la misma.
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Mientras tanto en España... Los que amenazan a los jueces son otros
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La juez se personó en dos ocasiones en la base aérea de Getafe, el 3 y el 12 de junio, al frente de una comisión judicial y con una orden de entrada y registro. Aunque había avisado de su llegada, primero se le impidió el acceso; y luego, se le conminó por parte del coronel para que le revelase sus propósitos. Según el escrito elevado al CGPJ por la juez, el coronel la retuvo en un despacho, en contra de su voluntad, y no le permitió salir hasta que le dijo a dónde iba y qué buscaba. “Me sentí absolutamente vejada en mi condición de juez, persona y mujer”, alega la instructora.
La jueza decidió, a la vista del desarrollo de los acontecimientos, denunciar al mando por obstrucción a la justicia, pero el juzgado togado militar central optó por archivar la denuncia de un plumazo, sin instrucción alguna. Por el contrario, la queja del coronel llegó al Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, que la trasladó al Tribunal Militar Central. Con la misma celeridad con que se archivó la denuncia de la juez contra el coronel, se le abrió expediente disciplinario a ella, sin ninguna indagación previa.
El expediente se basa en que el artículo 185 de la Ley Procesal Militar dice que, “para la entrada y registro” en instalaciones militares, “debe preceder aviso” al jefe de la misma, “a fin de que preste el debido auxilio”, salvo cuando dicho jefe esté imputado o “cuando la investigación de los hechos no lo permita”.
Pd. Prestar auxilio a un juez que viene a hacer un registro judicial no tiene ninguna relación con tener el poder de autorizar o desautorizar a que entre un juez y si no me avisa no le autorizo a entrar.
Siento curiosidad por ver cómo concluye el asunto procesal y constitucionalmente hablando. Porque los dos únicos partidos gobernantes no han hecho nunca nada específico y eso que cada vez que llegaban al gobierno les gustaba cambiar la LOPJ para coincidir la con sus gustos.