Matilde, de casi 90 años de edad, sufre una minusvalía física reconocida. Su dependencia es de grado 3 nivel 1, lo que supone uno de los más altos. Ingresada en un centro privado para la tercera edad, la familia lleva pidiendo la libranza vinculada a la adquisición de un servicio más de dos años sin haber percibido nada hasta la fecha. La ley de dependencia establece a la hora de conceder las ayudas un máximo de 12 meses, tiempo que Matilde ya dobló sobradamente.
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