La opinión de los expertos es unánime: la falta de firmeza hacia Chávez, señalado por el Juzgado Central español por su alegada complacencia hacia activistas de miembros de Eta y de las Farc, tiene un interés puramente económico, pues busca proteger más de 4.000 millones de euros que el país ibérico tiene comprometidos en la economía venezolana.
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