La enmienda al artículo 277 del Código Penal israelí titulada «Prohibición de la Tortura» establece que cualquier funcionario público que torture o consienta la tortura puede ser condenado a una pena de entre diez y veinte años de cárcel. Sin embargo, el proyecto define la tortura como causar «gran dolor o sufrimiento, ya sea físico o psíquico, exceptuando el dolor y sufrimiento inherentes a los procedimientos de interrogatorio o castigo que establece la ley».
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