Más allá de las declaraciones políticas sobre la subida del precio de la luz, España mantiene un sistema regulatorio que permite que se dispare el precio de la luz en función de las estrategias de las compañías eléctricas en el mercado mayorista y que -al contrario de lo que sucede en Europa- la subida se traslade al consumidor por el tipo de contratos que hay en España y que responden a la estrategia comercial de esas compañías.
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