Sindicatos, federaciones profesionales, grandes cuerpos del Estado, políticos locales, funcionarios, todos se activan para salvaguardar sus situaciones, sus privilegios, sus ingresos, sin cuestionarse nada. Francia jamás se reforma, pero a veces hace la revolución. A cada lobby se le da según su capacidad de molestar. Este inmovilismo tiene raíces sólidas. La historia del país, sucesión de largos periodos de conservadurismo y de sobresaltos brutales, inclina al pesimismo. Traducción completa en comentario 1.
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«Es un casus belli!» Christian Grolier, el secretario general de Fuerza Obrera en la Federacion general de funcionarios no suaviza sus palabras. La sola mención en el informe, entregado el 14 de junio, del antiguo presidente del consejo de orientación sobre pensiones, Yannick Moreau, de la idea de tomar ya en cuenta solo los últimos seis meses, sino los diez mejores años, para calcular el importe de la pensión de los funcionarios, fue suficiente para sacar de sus casillas al responsable del primer sindicato de la función pública. “Seremos inflexibles sobre la regla de los seis meses, así como sobre el respeto al código actual de pensiones civiles y militares, que debe de ser intocable”, indica Christian Grolier. La CGT-función pública también está en esta línea, amenazando al gobierno con su ira si toca el cálculo de los famosos seis meses. Los 5,2 millones de funcionarios, ya descontentos con la congelación de salario ya por tres años, sin duda que no van a apreciar que se les iguale progresivamente con las reglas de pensiones del sector privado, donde las pensiones, recordémosles, se calculan sobre la base de los salarios… de los 25 mejores años.
La tensión sube a algunos días de la segunda gran conferencia social que debe reunir, en torno al primer ministro Jean-Marc Ayrault, a las principales organizaciones sindicales y patronales con el fin de lanzar un acuerdo sobre varias reformas, entre ellas esta, explosiva, de las pensiones. El espectro de un verano caliente y un otoño agitado, atizado por sindicatos que remontan en vuelo como péndulos, comienza a hacer sudar a los miembros de los gabinetes ministeriales. Ya hay huelgas puntuales en la SNCF y el control aéreo. Un jornada de acción se perfila en la función pública para principio de octubre, quizás antes. «Una semana de bloqueo del país sería eficaz para hacer evolucionar la relación de fuerzas a nuestro favor », advierte Christian Grolier.
¿Bloquear el país? Los sindicatos más radicales, CGT y FO a la cabeza, furiosos por haber sido ignorados por el acuerdo interprofesional de enero de 2013 sobre la estabilización del empleo (firmado mayoritariamente por sus rivales, y convertido en ley) así lo sueñan, con el fin de reventar la negociación sobre pensiones. El fragmento vigente de la reforma de 2010, impuesto por Nicolas Sarkozy y François Fillon pese a las repetidas manifestaciones, nunca acabó de ser aceptado. «Las jornadas de acción esparcidas durante muchos… » ver todo el comentario
Lo único que tenemos aquí como distintivo de la marca España en el debate público es... la corrupción. O sea, peor.