«Va contra las ventas de edificios a los fondos buitres, contra la especulación inmobiliaria en definitiva». Con estas palabras explicó Rubén Martínez Dalmau, vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, el espíritu del nuevo decreto ley que aprobó ayer el Gobierno valenciano. Una norma que supone un antes y un después en la política de vivienda y que desde la Generalitat niegan que sea «intervencionista» en el mercado inmobiliario.
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Si está bien o mal ya lo veremos, depende como siempre de cómo se "usen" estos privilegios. Pero leyendo esto " la Administración tendrá que amoldarse al precio que exija el vendedor" está claro que va a haber sobreprecios inflados...vamos, yo es lo que haría si fuera propietario privado. Y, por supuesto, todo pagado por dinero público que como no es de nadie es casi como gratis