La reforma del Código Penal aprobada en enero de 2013 endurecía, en teoría, las penas por delitos fiscales al elevar las penas máximas a seis años. El articulado, sin embargo, recoge una "excusa absolutoria que en la práctica es una puerta falsa que invalida toda la ley", denuncian los inspectores de Hacienda.
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