La revelación del archivo de la causa madre contra los CDR hace dos años constata el comportamiento anómalo del juez. Dos de los investigados por terrorismo en el caso del Tsunami Democrático pidieron al juez Manuel García-Castellón el acceso a la totalidad de dos causas abiertas anteriormente en el mismo juzgado de la Audiencia española contra el independentismo y que permanecieron secretas durante cinco años. Querían saber qué se había hecho y quién había sido espiado durante todo este tiempo en las diligencias previas [...]
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Y pocas semanas después se ha hecho público un dato importante: el propio García-Castellón archivó en mayo del 2022 una de estas diligencias, las 104/2017, las que abrió en noviembre del 2017 contra las acciones y la organización de los CDR, con el argumento de que no veía "indicios razonables de criminalidad" y que existía el riesgo de caer en una "actuación de carácter prospectivo".
¿Qué puede ocurrir a los diez investigados del Tsunami en manos de García-Castellón?
El juez no quería que los investigados del Tsunami vieran que hace dos años él mismo había cerrado la causa madre contra las acciones de protesta del independentismo por no tener sentido; no quería que constataran que, al menos hasta febrero de 2022 hubo intervenciones telefónicas y diligencias de seguimiento contra personas investigadas en aquella causa, y que aquellas intromisiones, aquellas injerencias en el derecho fundamental de privacidad y de las comunicaciones habían llegado al extremo de no ser suficientemente justificadas.
Así se puede comprobar en el auto firmado por García-Castellón adelantado por el diario Ara y al que ha tenido acceso VilaWeb; un documento que las defensas de una parte de los acusados de terrorismo en la operación Judas han aducido a la Audiencia española para denunciar que la instrucción fue prospectiva y llena de irregularidades y que demuestra el comportamiento anómalo del juez en las causas que tiene en sus manos. Unas causas, las que tienen que ver con el independentismo, que siempre acababan recayendo en su juzgado de la Audiencia española, el número 6.
Porque, curiosamente, decidió archivar las diligencias secretas 104/2017 contra los CDR, activistas y representantes de la izquierda independentista cuando precisamente las defensas de los acusados de la operación Judas consiguieron, a principios de 2022, que la sala penal de la Audiencia española forzoso García-Castellón a darles acceso, porque esconderles la existencia de estas diligencias secretas e impedirles consultarlas vulneraba su derecho de defensa. Y no fue hasta después de muchos meses que, efectivamente, pudieron acceder, y una de las cosas que comprobaron es que faltaban partes de la documentación. Era una documentación incompleta que, sin embargo, servía para constatar que el espionaje sobre el independentismo haciendo uso de herramientas como Pegasus era mucho más extenso de lo que se pensaba.
Aquellas diligencias, y las 99/2018, que son… » ver todo el comentario