La iniciativa de lo que los promotores han bautizado como "el caso del siglo" comenzó en diciembre de 2018 cuando las cuatro ONG enviaron una carta a varios ministros para criticar la inacción de la Administración y reclamar una reparación por los daños causados con esa actitud. Ante la falta de respuesta satisfactoria, en marzo de 2019 llevaron el procedimiento ante la Justicia con la presentación de un contencioso ante el Tribunal Administrativo de París, que puso en marcha una instrucción.
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