Un año después de que el Tribunal Supremo ordenase a El Corte Inglés la demolición parcial de tres centros comerciales por exceso de edificabilidad, el grupo de distribución, el ayuntamiento y la Comunidad de Madrid se han puesto manos a la obra para buscar una solución que evite la aplicación de la sentencia. Ambas partes se han sentado a la mesa después de que la compañía haya presentado una demanda por daños y perjuicios contra las instituciones que presiden José Luís Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso, respectivamente, por 180 millones...
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El montante es el mismo: elpais.com/diario/1995/06/08/economia/802562424_850215.html
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