El Gobierno ha preparado una base legal para combatir el terrorismo mediante el control de las comunicaciones telefónicas. La nueva ley obligará a las compañías a conservar durante un año los datos de las llamadas de sus clientes. Las tiendas que venden tarjetas prepago también deberán registrar a sus compradores en un libro y los 16 millones de móviles anónimos deberán identificarse.
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