Imagine una plaza. Un grupo de niños jugando al fútbol en ella, utilizando las sudaderas como provisionales palos de las porterías. Y un policía que para el partido, coge el balón y emplaza a los pequeños a llevarle ante sus padres para imponer la multa que corresponde por ejercer esa actividad: entre 100 y 1.000 euros. Esta estampa, que parece tan improbable, podría producirse si se aprobara, tal y como figura hoy, el anteproyecto de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.
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