De esta manera se quiere evitar, como ocurre ahora, que las actuaciones urbanísticas se produzcan en tandas pequeñas que evitan su revisión. Aunque cada comunidad autónoma tiene su propia legislación, en muchos casos la operación es autorizada por el ayuntamiento o supone la autorización de puro trámite de un servicio de la comunidad autónoma. Ahora los controles se extremarán sustancialmente al tener que pasar por el filtro del Plan General de Ordenación Urbana.
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