La laicidad o el laicismo del Estado no sólo no atenta con la democracia o la libertad, sino que las garantiza. Por supuesto, como reclama hoy la jerarquía eclesiástica, la Iglesia puede e incluso debe plantear y defender sus posiciones ante cuestiones de orden moral, que han de servir de guía a aquellos ciudadanos que tengan a bien escucharles o atenderles. Pero es que el laicismo o la laicidad en modo alguno impiden esto.
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