Primero fueron los Puntos de Atención Continuada (PAC) y ahora el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la empresa pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam) para cerca de 2.000 trabajadores. El Gobierno regional se está topando de pleno con la justicia en asuntos primordiales para los servicios públicos. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha anulado el ERE por considerarlo un "fraude de ley", ya que, en vez de una "extinción contractual", lo que hace es "una simulación de extinción contractual"
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