La orden del juez Santiago Pedraz de suspender la actividad de Telegram ha supuesto un gran impacto en el panorama de la comunicación digital del país. Esta decisión ha generado una ola de preocupación entre los millones de usuarios, ciudadanos y organizaciones, que usan el canal como medio para informarse y comunicarse. Además, ha reabierto el debate sobre los límites y la protección de la propiedad intelectual, el derecho a la información y la libertad de expresión.
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