1. Antecedentes.
En el año 1931, el entonces ministro de la guerra Manuel Azaña pronunciaba ante las cortes constituyentes su famoso discurso: “España ha dejado de ser católica”. Fuera un hecho o un deseo, poco podía imaginar en ese momento que todo el terreno hasta entonces perdido por la religión católica en España sería recuperado cinco años más tarde a sangre y fuego por la unión de todas las fuerzas reaccionarias españolas, encabezadas por las columnas fascistas de la Falange española y lideradas por el general golpista Franco.
Siguieron cuarenta años de una férrea dictadura en la que, tras abandonar de forma obligada la ideología fascista filonazi predominante inicialmente, la componente nacionalcatólica de la dictadura se convirtió en la ideología hegemónica. Tras cuatro décadas de limpieza, exilio, represión y reeducación, la España aludida por Azaña había desaparecido completamente. La iglesia católica, históricamente poderosa, acumulaba de nuevo poder y privilegios e imponía sin trabas su moral e ideología a toda la sociedad española.
Al morir el dictador, la población española se declaraba católica abrumadoramente, con también muy altos niveles de practicantes religiosos. Y la transición a un sistema democrático, efectuada bajo el control del aparato del estado franquista, se encargó cuidadosamente de mantener activos los privilegios de la iglesia católica. En un memorable “tour de force” lingüístico, el Estado Español era declarado aconfesional en la constitución de 1978 y, simultáneamente, le exigía cooperar con la iglesia católica. Una apostilla que justificaba la casi inmediata aprobación de los acuerdos del Estado con el estado vaticano, en los que se afianzaban, “negro sobre blanco”, los privilegios de la iglesia en materias tan significativas como el sostenimiento económico de la iglesia católica, la cultura o la educación.
Estas prerrogativas económicas y educativas de la iglesia católica recibieron escasa contestación por parte del sistema de partidos surgido en lo que se ha dado en llamar “régimen del 78” y se ha conservado , o incluso ampliado, hasta la actualidad. Los únicos avances notables registrados son los relativos a eliminar del sistema legal la imposición de normas morales (sobre todo relativas al sexo) heredadas de la anterior dictadura franquista nacionalcatólica. Pero incluso esta actualización a estándares modernos de la legislación española contó, desde el principio, con la feroz oposición del Partido Popular (inicialmente con su nombre original, Alianza Popular), un partido fundado por exministros franquistas dispuestos a perpetuar en el nuevo régimen las principales ideas sostenidas por ellos mismos durante el franquismo.
La guerra empezó pronto y se ha desarrollado sin descanso hasta la actualidad. La Conferencia Episcopal y la derecha reaccionaria heredera del nacionalcatolicismo (integrada básicamente por el Partido Popular) han estado empeñados en imponer, por la fuerza de la ley, doctrinas morales obsoletas a una población española cada vez más secularizada. Algo únicamente comprensible si se observa que esas opiniones morales son consideradas sagradas por ellos, emanadas directamente de la divinidad y por tanto indiscutibles y aplicables incluso a no creyentes.
2. El divorcio.
La primera batalla fue la ley de divorcio de 1981. No fue fácil. A la oposición frontal de Alianza Popular, se unía el sector democristiano de UCD, entonces en el gobierno. Fue la primera vez que se usó el argumento de que esta ley implicaba la destrucción de la familia (lo que ellos entienden por familia, claro). Para la historia quedará la diatriba de Álvarez Cascos en la prensa (1). Y no por los “argumentos” que utilizó, bastante manidos por la derecha entonces, sino porque ello no fue óbice para llegar a divorciarse hasta tres veces posteriormente.
La ley de divorcio se aprobó, pero la huella paternalista y beata de la oposición a ella quedó plasmada en su redacción. Se requería primero un año mínimo e ininterrumpido sin convivir juntos. Tras ello, se podía pedir la separación judicial (que aún permitía la posible reconciliación de los cónyuges) y, tras el transcurso de otro año, se podía finalmente pedir el divorcio. Este laberinto judicial para romper el matrimonio entre dos personas adultas no acabaría hasta el año 2005, año en el que se aprobó la que se dio en llamar ley de “divorcio exprés” (más bien habría que haber llamado a la anterior la ley del divorcio “ralentizado”).
3.- Matrimonio entre personas del mismo sexo.
En el mismo año 2005, el gobierno de Zapatero preparaba otro avance en derechos que de nuevo chocaba frontalmente con la iglesia católica y sus adláteres: permitir que personas del mismo sexo pudieran contraer matrimonio. Para entonces, y tal como demostraba la escasa oposición a la ley de divorcio exprés aprobada ese mismo año, la sociedad española ya había entrado en un proceso irreversible de secularización, por lo que apelar al mandato divino de matrimonio exclusivamente entre hombre y mujer no parecía suficiente para conseguir parar la nueva ley. La primera razón aducida para oponerse fue entonces que conducía irremediablemente a la destrucción de la familia (o lo que entienden ellos por familia), pero ese argumento era el mismo que habían aducido para evitar el divorcio, y no parecía ya muy sólido. Surgió entonces el argumento etimológico: la palabra matrimonio debía reservarse únicamente para la unión entre un hombre y una mujer. De repente, miles de fundamentalistas católicos se transformaron en “fundamentalistas lingüísticos” opuestos a otorgarle una nueva acepción a una palabra del español.
La oposición fue feroz. Se convocaron manifestaciones en defensa de la familia (la suya, repito) en la que coincidieron obispos y altos cargos del PP y a las que los organizadores atribuían asistencias millonarias. Felizmente, toda esa resistencia fue en balde. Tras la aprobación del matrimonio igualitario, España se convirtió en el tercer país del mundo en hacerlo, solo por detrás de Holanda y Bélgica. Por un momento, pareció que soltábamos definitivamente el yugo nacionalcatólico.
4.- El aborto. La batalla legal.
Pero aún queda una batalla aparentemente ya librada, pero que los fundamentalistas religiosos se niegan a dar por perdida: la interrupción voluntaria del embarazo. En realidad, la batalla del aborto se libra aún en multitud de países, no solo en España. Un caso paradigmático ahora es Estados Unidos, donde el presidente Trump encabeza la batalla por endurecer las condiciones que permitan interrumpirlo. Existen además aún países donde el aborto voluntario es ilegal en cualquier circunstancia y tratado con penas similares a un asesinato.
Desde el punto de vista católico (y de otras religiones) el problema es sencillo y, a la vez, de una importancia dramática. En el momento de la fecundación, la divinidad dota al cigoto de un alma espiritual, lo cual le convierte instantáneamente en una persona cuyo derecho a la vida, un don divino, es inviolable. Hay que decir que, en realidad, el razonamiento anterior es posible únicamente gracias a adelantos científicos recientes; en otros tiempos, la iglesia católica no estaba tan segura de cuándo ocurría ese “instante mágico”.
El problema, de nuevo, es que el razonamiento anterior es válido únicamente para “creyentes”. Desde un punto de vista incrédulo en fantasías religiosas, oponerse al aborto desde el instante de la fecundación, en el cual existe una única célula, es tan radical como permitir el aborto libre hasta el día anterior al parto. Y, en la sociedad actual, esgrimirlo es simplemente contraproducente.
La primera ley de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo es aprobada en 1985, en la primera legislatura socialista de Felipe González. Era una ley de supuestos, que despenalizaba el aborto en tres circunstancias: riesgo grave para la salud física o psíquica de la mujer embarazada (en cualquier momento), violación (12 primeras semanas) y malformaciones o taras, físicas o psíquicas, en el feto (22 primeras semanas). Naturalmente, contó con la oposición del Partido Popular, aunque Pablo Casado no parece saberlo.
Era sin duda una ley histórica, pero rápidamente se evidenciaron problemas. Por un lado, la ley seguía considerando un delito cualquier aborto que no estuviera en los supuestos amparados por la ley, estableciendo para su práctica penas de prisión tanto para la mujer embarazada como para los facultativos que los realizaran. Eso llevó a una indefensión frente a sectores fundamentalistas siempre dispuestos a acudir ante la justicia para obstaculizar la práctica, incluso legal, de los abortos.
En julio de 2010, aún bajo el mandato del gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, entró en vigor la” Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo”, cuyo objetivo (merece la pena remarcarlo) era “garantizar los derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y salud reproductiva establecidos por la Organización Mundial de la Salud, regular las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y establecer las correspondientes obligaciones de los poderes públicos.
Se despenalizaba el aborto inducido durante las primeras 14 semanas del embarazo. Era una decisión libre de la mujer sobre la interrupción de su embarazo, sin intervención de terceros en la decisión. Además, el plazo se aumentaba hasta la semana 22 en casos de “graves riesgos para la vida o la salud de la madre o el feto”, e incluso más adelante en caso de que “se detecten anomalías en el feto incompatibles con la vida” o que “se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico”. Una ley equiparable a la mayor parte de países de nuestro entorno.
No era aún el final. Tras la vuelta al poder del Partido Popular, se planteó la vuelta a una ley incluso más restrictiva que la primera, aprobada en 1985. El encargado de esa reforma era Alberto Ruiz Gallardón, otrora considerado incomprensiblemente un elemento progresista dentro del Partido Popular. Se llegó a aprobar en Consejo de Ministros, pero la oposición de la sociedad era evidente. El propio Partido Popular paró la iniciativa, con la consiguiente dimisión de Gallardón, dejando la reforma en una restricción del aborto para menores de 16 y 17 años que fueron obligadas a contar con la aprobación paterna (algo cruel en situaciones de familias fundamentalistas religiosas, por ejemplo).
5.- El aborto voluntario en la actualidad.
En una sociedad altamente secularizada como la actual, la tentación de modificar de nuevo la regulación legal del aborto en España se reduce al partido Popular y al recién llegado partido de extrema derecha Vox. Con ello, el Partido Popular probablemente ya perdería más de lo que podría ganar. Gran parte de sus votos fundamentalistas religiosos, minoritarios para ganar unas elecciones generales, se han ido directamente a Vox, para quienes la esencia católica de España es una de sus convicciones políticas. Pero, al mismo tiempo, el intento del Partido Popular para paliar la sangría de votos hacia Vox les hace recuperar discursos reaccionarios que parecían ya obsoletos. Es aquí donde podemos apreciar la aparición de declaraciones de diversos dirigentes populares estrechamente unidos a organizaciones antiabortistas.
Como señalamos más arriba, la lista de argumentos esgrimidos tiene poco que ver con la que realmente subyace a todas ellas, el toque divino insuflado instantáneamente al cigoto recién formado, cuyo uso en los debates públicos sería contraproducente. Por ello, salen a la luz argumentos a veces peregrinos que cabría calificar de mentiras, pero que realmente son asumidos como ciertos por los que los presentan, lo cual no es sino lo esperable viniendo de personas de opiniones tan radicales en este tema.
Existen varios ejemplos recientes, entre los que destacan las declaraciones a OndaCero de Adolfo Suárez Illana, un político cuyos únicos méritos conocidos son ser hijo de su padre y ser vocal de la asociación antiabortista “Red madre”, favorecida por el sector nacionalcatólico de Partido Popular. En una entrevista llena de inexactitudes y exageraciones, que merecería pasar a la historia como ejemplo de ineptitud para la política, este personaje soltó varias perlas (2), en las que atribuye sin ninguna prueba comportamientos homicidas a neandertales e incluso a ciudadanos actuales de Nueva York. El ridículo se completa con las supuestas disculpas en las que asegura que ha llamado a Nueva York y que le han confirmado que sus declaraciones eran inexactas (¿Realmente ha tenido que llamar para que el confirmen que el asesinato es ilegal allí?). Claro que, de disculpas con las mujeres que han tenido que interrumpir su embarazo, no ha dicho nada.
Pero no nos engañemos, Suárez Illana no es sino un caso más de fundamentalista cristiano adherido al Partido Popular. Recordemos las declaraciones en 2013 de la diputada del PP encargada de la fallida reforma de la ley: “Beatriz Escudero (PP): “Las mujeres que abortan son las que menos formación tienen”. Ahí se atisba el sentimiento de superioridad que les embarga al considerarse en la posesión de la verdad sagrada. Algo que ellos comprenden, en oposición a las personas no creyentes.
Y el actual líder, Pablo Casado, se ha despachado varias veces con este tema, teniendo que matizar posteriormente sus declaraciones. Declarado partidario de regresar a la ley de 1985 (derogar simplemente la ley actual ya es impensable incluso para ellos), se atreve a mentir al decir que era una ley de consenso, cuando el PP votó en contra de ella. Recordemos que dijo que: "es bueno que las mujeres embarazadas sepan lo que llevan dentro", en una actitud paternalista y patriarcal hacia las mujeres digna de cualquier clérigo. O sus referencias a la organización “Red Madre”, que esconde sus opiniones abiertamente antiabortistas con el ofrecimento de ayuda desinteresada a mujeres que se plantean interrumpir su embarazo y justificando su actuación en falsedades e inexactitudes.
El problema surge cuando observamos que el Partido Popular podría necesitar del apoyo de VOX ( de hecho, todas las encuestas señalan que es imposible un gobierno de derchas sin su apoyo). Llegado el caso, algo les tendrán que ofrecer. Y el retroceso en derechos sexuales y reproductivos puede ser una opción.
Salud.
(1)“Para mí el principio es que la familia es indivisible. Lo que no se puede es hacer una regulación normal en el divorcio, cuando ni siquiera se respeta esa libertad individual de las personas a elegir su estado familiar. El Estado debe tener un código ético que es defender la familia indivisible, y luego debe arbitrar medidas para resolver esas otras situaciones. Contra lo que estoy es contra la forma de divorcio aprobada en España”.
(2) “hay que ayudar a las mujeres que tienen que decidir entre ser madres de un niño vivo o un niño muerto, porque al final es lo que van a hacer”, “El que me digan que se pueda matar antes o después... los neandertales también lo usaban: esperaban a que nacieran y le cortaban la cabeza”, “En Nueva York se acaba de aprobar una ley por la cual se permite el aborto después del nacimiento”.