El policía nacional José Manuel Sánchez Fornet fue testigo de cómo se torturaba. A Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército, diversos guardias civiles le han admitido haber practicado torturas.
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www.publico.es/actualidad/diez-casos-abusos-y-torturas.html
Los perros, perros son, da igual el collar.
www.elplural.com/politica/el-gobierno-del-pp-indulta-por-segunda-vez-a
Te lo repito, deja de escupir hacia arriba.
La burguesía española y la burguesía catalana se apoyan entre ellas en lo que realmente les importa, mantener el control y su orden.
Lo que no dirá es que hay detenidos de ETA que no han denunciado torturas y detenidos por terrorismo que luego han salido absueltos y sin relación con la banda y han denunciado torturas.
La policía y la guardia civil han torturado a mansalva en el país vasco, con total impunidad y la aquiescencia de los jueces, que nunca investigaban esas denuncias y su consiguiente declaración de hechos a la fuerza. Esto no se investiga ni se soluciona.
Transcribo lo que dice el ex-teniente Segura al final del vídeo:
Esto es lo que está impidiendo realmente que estas torturas sean investigadas, el quienes son los responsables, donde ponemos el nivel de responsabilidad. Hay que llegar hasta aquellas personas que hayan participado en ello y hay que condenarlas. El problema es que si eso lo hiciéramos, tendríamos que condenar a ministros, tendríamos que condenar a algún presidente del gobierno que otro, y tendríamos que condenar a un rey
Y las palabras del policía sevillano:
Pero la responsabilidad fundamental es la del estado. Si nunca se han castigado las torturas y se ha permitido la guerra sucia y se ha alentado a que se practicaran siempre y cuando no se supiera nada. Que es algo muy de este país, el político te manda a hacer cosas y luego si te pasa algo tú te las apañas.
Es decir apuntan a la clase política que indica #1 en su comentario, que habla de gobierno. Y el gobierno puede ser el nacional, el regional o el comarcal.
Es decir el problema no son tanto las fuerzas del estado como los políticos (nacionales, regionales o locales) que dan las órdenes.
Hay más de 4000 casos contabilizados de los que solo unos pocos pudieron denunciarse (me acuerdo el de Unai Romano) y en los que los policías después fueron indultados.