El Dr. Alfonso Rodríguez, de Dallas, Texas, solicitó al tribunal que le exima de obedecer la ley mordaza estatal que impide a los profesionales médicos revelar a sus pacientes los componentes químicos del fracking. Su solicitud fue denegada.
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Y a partir de ahí, la tramitación urgente de la ley, con un plazo de enmiendas al articulado de 24 horas que terminó a las ocho de la noche del viernes; la aplicación de la “confidencialidad” a los proyectos, contraviniendo el derecho a la información pública; la reducción al mínimo del periodo de alegaciones; la supresión del derecho de recurso por parte de las plataformas de afectados y, en última instancia, la mercantilización del medio natural y la venta del derecho a dañarlo mediante la implantación del llamado “Banco de Conservación de la Naturaleza”.
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#10, el estado exige a los medicos que firmen un acuerdo de confidencialidad con la empresa perforadora como condición previa a que ésta suministre la información requerida para el tratamiento del paciente. Es decir: el médico no puede decirle al paciente a qué substancias ha estado expuesto. Lo cual puede entrar en conflicto con sus obligaciones como médico y por ello arriesgarse a perder la licencia para ejercer.