Después de tantos siglos de historia, las costas españolas van a ser inscritas en el registro de la propiedad como bienes públicos. Un hecho tan insólito podría parecer una inocentada periodística propia de la edición del 28 de diciembre si no fuera porque el ministro de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, lo presentó como una gran novedad al exponer el jueves ante el pleno del Congreso su proyecto de ley de protección del litoral.
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Y van dos veces ya.
Aunque al actual podríamos considerarle un presidente parado. Porque moverse, no es que se mueva mucho.
No veo el dia de que se colme el vaso y se les echen al cuello todos los perjudicados de tanto atropello.
Ribera MayaEspaña.Ej: telefónica, un terreno, el agua...
Toman a la gente por gilipollas y caen como borregos ante los dos nacionalismos, ese es el problema de este país.
La realidad es que no se llevan tan mal, solo siguen el juego del y tu mas.
Es el comienzo del fin.
una tienda. tercerainformacion.es/spip.php?article45119
Las playas es de las pocas cosas que por la Constitución no son privatizables:
Artículo 132.2
Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental.
Ni siquiera la sanidad tiene ese nivel de protección, por eso hacen lo que hacen con ella. Si alguien piensa que aunque venga en la Constitución es papel mojado, pues la verdad es que no, saltarse un artículo de este tipo es en nuestro sistema imposible.
La noticia no se explica bien porque esto no tiene nada que ver con la privatización, sino con regalarles euros sin motivo a los registradores. El deslinde y registro del dominio público marítimo terrestre lo llevan actualmente las delegaciones provinciales de costas. Ahora esas delegaciones que pagamos todos seguirán haciendo el deslinde del DPMT pero en lugar de terminar el proceso ellas mismas tendrán que pagar una suculenta cantidad a un registrador para que terminarlo. Es decir, pagarles a los registradores dinero público por algo completamente innecesario.
Al permitir concesiones privadas de uso por 75 años, la ley propicia “una privatización encubierta” del dominio público que en buena lógica, según Ortiz, es contraria al artículo 132 de la Constitución, que señala que el litoral es público en su conjunto.
Si además tenemos en cuenta que esas concesiones de uso por 75 años –muy superiores al promedio de vida profesional de 35 años, según recordó Cantó– son transferibles entre particulares, los conseguidotes del “robo a los ciudadanos y al planeta”, según los términos que empleó Ortiz, también se van a forrar. En el mercadeo de las licencias en la costa aparecerán concesiones en venta, en alquiler y en leasing. Pero además, si el concesionario fallece, la norma contempla un plazo de subrogación de hasta cuatro años a favor de sus herederos, algo insólito y contrario a la directiva europea de servicios, recordó Ábalos.
es.wikipedia.org/wiki/Mariano_Rajoy
No sabes (o a lo mejor si) lo que jode cuando vas por la costa y no ves más que apartamentos, chalets, apartamentos, chalets... prácticamente desde Murcia hasta Barcelona. No hay un pedazo de costa en el que se puedan plantar cimientos que no esté construido y este tipo de medidas no van a ayudar a mejorar la situación.