Somos cada vez más los juristas que, con una mezcla de incredulidad, morbo, cierta resignación y espíritu sadomasoquista nos conectamos los sábados por la mañana al Boletín Oficial del Estado, donde con precisión de reloj suizo aparecen, semana tras semana, Decretos-ley de todo pelaje y condición. A los juristas nos preocupa, cuando no indigna, por muchas razones. Porque el Decreto-ley supone que el Gobierno es quien redacte una ley, en lugar del Parlamento, que es quien tiene atribuida esa función en un Estado de Derecho normal.
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