El alto tribunal tumba el argumento mantenido hasta ahora por otras instancias e impone severos límites a los pactos de disponibilidad. Dice que deberán ser radicalmente claros y sin rebasar el tope de 80 horas extras que la legislación española permite como máximo al año y, por otra parte, el pago realizado no podrá ignorar el pago mínimo que tendrían esas horas.
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Seamos serios, ya estamos culpando a quien no lo comete por el presunto delito ajeno. Y tampoco hay que ser tan cenizos: las contrataciones sin seguridad social hace 10 años eran de lo más común, y hoy ya no se estilan tanto.
Al tiempo, que estas cosas no se arreglan de un dia a otro.