Las empresas defraudan a los consumidores y usuarios de múltiples formas, con cláusulas abusivas, publicidad engañosa, contratos ilegales e infinitas fórmulas que siempre tienen el mismo resultado: inflar las facturas que tenemos que abonarles. Los gobiernos también lo hacen, bien propiciando los marcos legales necesarios para que se produzcan los fraudes o bien eludiendo su labor de fiscalización y sanción, pues en las pocas ocasiones en las que se materializa un expediente sancionador, la multa suele resultar rentable
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