Asociación proDDHH Argituz: Desde que en 1984 Amnistía Internacional publicase sus 12 puntos para la abolición de la tortura, y su informe sobre la práctica de la tortura en España, hasta la sentencia del caso Egunkaria en que algunos jueces de la Audiencia Nacional aseguran que con los informes forenses en la mano no se explican cómo no se investigó y controló qué estaba pasando en los calabozos, han pasado 26 años. Durante todo este tiempo, la respuesta del Gobierno español a las denuncias de tortura y malos tratos ha sido la negación
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El novedoso método de análisis consistió en un filtrado de toda esa información analizando el grado de coherencia y fiabilidad. Si quienes dicen ser torturados mienten, el chequeo de las distintas fuentes (lo que dicen en la denuncia, lo que dicen los forenses, lo que recogen los jueces….) acabaría detectándolo. Y los datos de ese estudio muestran una complejidad ajena a supuestas directrices.
Por ejemplo, dibujan patrones diferentes de malos tratos en cada cuerpo policial, siendo más duros en los casos de la Guardia Civil bajo incomunicación, según se prolongue o acorte la incomunicación, según sean los detenidos hombres o mujeres, difiriendo el tipo de métodos de tortura denunciados. Y según se apliquen o no los protocolos de prevención ya existentes (así en los casos de aplicación del protocolo Garzón los datos dan como resultado la práctica ausencia de denuncias de tortura, así como en los casos de las detenciones de la Ertzaintza en determinados periodos).
Desde luego no es el ejemplo de juez independiente del poder político que quisiéramos muchos, y es difícil encontrar en un lugar como la Audiencia Nacional.