Son muchos los políticos, tanto de la Comunidad como del Ayuntamiento de Madrid, vinculados, directamente o a través de familiares, con Uber y Cabify y otros grandes tenedeores de licencias VTC, los enemigos del sector del taxi que ven cómo el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha contratado con estas multinacionales ‘off shore’ el traslado de sanitarios a domicilios después de que los taxistas lo hicieran gratis durante el estado de alarma. El caso más claro y descarado de esta vinculación, que explica el favoritismo de PP y Ciudadanos con…
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Carla Cabedo, actualmente directora de comunicación de la Vicepresidencia del Gobierno regional, cuyo titular es Ignacio Aguado. Al igual que Martín Barbero, Cabedo saltó directamente desde Uber, donde fue la directora de comunicación en España de la multinacional que, junto con Cabify, forma el duopolio de los VTC en España. Anteriormente, Carla Barbedo estuvo estuvo en nómina de Llorente y Cuenca, una de las grandes empresas lobistas de España, especializada en abrir las puertas de las instituciones a inversores del sector privado.
José Luis Funes Moran, director de Relaciones Institucionales de Unauto VTC, la patronal del sector de vehículos de alquiler con conductor, no forma parte del Gobierno de la Comunidad ni del Ayuntamiento, pero es militante del PP. Llegó a ser candidato en los primeros puestos de la lista electoral de Hontoba en 2015, municipio de la provincia de Guadalajara.
Luis Miguel Boto, el que fuera concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid durante el periodo 2005-2015 y 2017-2019, registró una empresa de VTC en diciembre de 2019, a los pocos meses de perder su acta de edil en el Palacio de Cibeles. Pero no lo hizo en soledad. Alcalá Unauto Vip Services S.L. tiene, según el Boletín Oficial del Registro Mercantil, dos administradores, siendo uno el exconcejal del PP y otro, Alberto Berzal Marugán, hijo de José Manuel Berzal Andrade, exdiputado del PP en la Asamblea de Madrid y exconcejal en el Ayuntamiento de la capital durante el mandato 2015-2019, donde coincidió con el socio de su hijo, Luis Miguel Boto.
En 2016, Uber fichó a Ildefonso Pastor, exdiputado y exsenador del PP, como responsable de las relaciones institucionales de la multinacional que tributa en paraísos fiscales. El objetivo era que el antiguo político, ahora metido a hombre de negocios, usara sus contactos dentro del PP a favor de los intereses de Uber. “Hacer pedagogía de este nuevo modelo de negocio”, es a lo que se dedica Pastor, quien está ahora afanado en conseguir que Uber gestione el servicio de bicicletas municipales del Ayuntamiento de Madrid y en implantar el negocio de los patinetes electrónicos.
Lo mismo ocurrió con los pensionistas.
Depender de un salario y votar al mismo partido que votan los grandes rentistas es una estupidez.
Tonto es el que hace tonterías, Forrest Gump.
Pronto irán a por las farmacias.