La legislación federal prohibe a los tribunales tribales juzgar a los sospechosos no indígenas, a pesar de que los datos del Departamento de Justicia indican que el 86% de estas agresiones son perpretadas por no indios. Además la falta de profesionales de medicina legal debidamente capacitados en el Servicio Indígena de Salud y la posibilidad de que los funcionarios encargados manejen de forma incorrecta las pruebas hace que muchas indígenas puedan no ser sometidas a exámenes médicos forenses
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